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Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad de El Salvador: “El crimen en la Argentina se puede combatir desde una forma diferente”

El funcionario a cargo de la estrategia insignia del gobierno de Bukele habló con LA NACION sobre la colaboración con el gabinete de Milei y respondió a las críticas de los organismos de derechos humanos a su régimen de excepción.

 

Gustavo Villatoro no es un ministro más en El Salvador. Es la cara de la política de seguridad que llevó al presidente Nayib Bukele a conseguir un récord de popularidad en este país y a convertirse en un modelo para la región por su “guerra contra las pandillas” que logró un descenso de los homicidios desde un pico de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015 a un 2,4 el año pasado.

Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de este país centroamericano, fue el enviado de Bukele para la asunción de Javier Milei en la Argentina en diciembre, mientras el presidente se encuentra técnicamente de licencia, un recurso necesario para poder presentarse a la reelección que obtuvo el pasado domingo.

En la Argentina, Villatoro –ex fiscal jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República- se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el comienzo de un vínculo de colaboración en materia de seguridad que luego continuó con una reunión virtual con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Con un uniforme negro que exhibe su apellido al frente y una bandera de El Salvador sobre el brazo derecho, Villatoro recibe a LA NACION en su amplio despacho en la sede del ministerio que dirige, donde hay drones y una gran pantalla de monitoreo de datos. En la entrevista, el funcionario dice que su gobierno ofrece colaboración a varios países de la región para que apliquen “una nueva doctrina dentro del derecho” para combatir al crimen organizado y señala que si bien en el caso argentino la problemática de seguridad es menor, “hay cosas que tienen que ver de El Salvador”.

 

-¿Cuál fue la receta para avanzar tan rápido en la “guerra contra las pandillas” en El Salvador?

-Creo que esto es algo que el presidente Bukele vino preparando desde el 2017, cuando empezó a trabajar su oferta electoral para la presidencia, que se llamaba Plan Cucatlán, que en resumen es hacer un estudio responsable de por qué en El Salvador, después de firmar la paz en 1992, nunca tuvimos seguridad. En los primeros 20 días de gobierno, aterriza el Plan Control Territorial ya como una política en materia de seguridad. Por las mismas coyunturas políticas -teníamos una Asamblea Legislativa que quería asumir funciones del Ejecutivo y toda esa pugna-, fue hasta que el presidente logra la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa que nosotros podemos terminar todo ese estudio. Había que entender el fenómeno de las pandillas desde la óptica de los procesos judiciales que se habían llevado en los últimos 20 años en contra de estas estructuras terroristas para poder plantearle al presidente la utilización de la última herramienta constitucional que teníamos para restaurar el estado de derecho.

-El modelo generó mucho interés en el resto de la región y varios líderes intentan seguirlo, como se ha visto en Ecuador. ¿Cuál sería el principal consejo para llevar a cabo una política de seguridad similar?

-Como El Salvador, les exponemos el modelo exitoso que tenemos y manifestamos siempre que somos un libro abierto. No vamos a esconder nada de lo que hemos hecho. Porque el copiar y pegar no es una solución, pero sí puedes ver lo que hemos hecho y ajustarlo a tus necesidades primordiales en materia de seguridad. Lo que sí tenemos claros es que lo que está haciendo El Salvador le está metiendo presión a una gran cantidad de gobiernos porque son los ciudadanos de esos países los que están viendo… solo en América Latina hay más de 660 millones de personas que de alguna u otra manera están sometidas al crimen organizado.

-Bukele habló sobre el vínculo de colaboración con la Argentina; y usted se reunió con Patricia Bullrich en diciembre. ¿Cómo surgió ese contacto y cuáles son los planes?

 – Básicamente la reunión nace de la designación que se me hace para ir a representar a El Salvador a la asunción del presidente Milei. Y ahí es donde buscamos la oportunidad de tener este acercamiento, también con el ministro de Justicia, y estamos mandando todas esas reformas legales que nosotros hicimos no sólo para preparar la guerra [contra las pandillas], sino para ejecutar la guerra. Y en el caso de que la ministra Bullrich tenga una duda, nosotros no es que la vamos a asesorar, pero con solo tener un referente acá creo que ya estamos aportando bastante. Lo que sí es cierto es que desde este pequeño país de nuestro querido continente americano estamos generando una nueva doctrina dentro del derecho. Estamos generando las bases de los cambios necesarios en el sistema de justicia penal que tiene contaminado a toda América Latina para que por fin los estados tengan la capacidad de derrotar al crimen organizado. ¿Qué crimen organizado? Aquel que usurpa funciones del Estado: controla territorio; controla población; ejerce justicia a su manera, porque mata al que no acata; recauda, porque extorsiona; y encima tiene un ejército porque tienen sus matones que son los que andan poniendo orden. Esos cinco elementos no se le puede permitir a una organización criminal y si tiene alguno de esos, tenés que aplicar la doctrina salvadoreña que hemos llamado “defensa penal del Estado de derecho”.

-¿Cuáles son las bases de esa doctrina?

-Esto es cómo un Estado se tiene que enfrentar a una organización criminal. Imagínate que nosotros nos enfrentamos a una pandilla multicrimen. ¿Sabes desde cuántas unidades especiales enfrentamos al mismo fenómeno? Desde 14. ¿Por qué? Porque el planteamiento de ese Estado que recibimos era crear unidades especiales por tipo de delito. Pasamos 20 años intentando resolver el problema desde ese planteamiento: había unidad de homicidio, unidad de delito contra el patrimonio, unidad de extorsiones, entre otros. Eso no va a resolver el problema; tú tienes que enfrentar como Estado a ese cluster de crimen organizado en conflicto con la sociedad y, por ende, en conflicto con el Estado.

-Bukele mencionó que las dimensiones de problema de seguridad en El Salvador en su momento y en la Argentina actual son distintas y que en ese sentido el “medicamento” tenía que ser distinto. ¿Cómo se hace esa adaptación?

-Conociendo las bases. Esto es como cuando tú vas a un restaurante. Tú tienes un menú y no te vas a comer todo el menú, vas a elegir en base a tu necesidad y tus gustos. Lo que nosotros acá tenemos en un menú bien amplio, que va desde una preparación de reforma, de incremento de penas para ciertos delitos relacionados al accionar de la pandilla, hasta llegar a la activación de un régimen de excepción. En el caso de Argentina, es menor la necesidad que tienen, pero por supuesto que hay cosas que tienen que ver de El Salvador. Solo para darte un ejemplo: yo me acuerdo cómo cuando el fenómeno del robo de bancos en Estados Unidos llegó a hacer algo bastante prominente. El Estado federal incorporó el delito de robo de banco como una persecución federal, sin competencia de cada estado. Entonces si en América Latina en los estados federados tiene un problema con el crimen organizado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque no vas a encontrar por robo a estas organizaciones, no las vas a neutralizar delito por delito. ¿Cómo se neutraliza? Trayendo el delito de asociaciones ilícitas y llevarlo a un estatus federal. Porque el Estado tiene que combatir a sus enemigos.

-Desde su experiencia, para un problema como el que enfrenta la Argentina, especialmente con el narcotráfico en Rosario, ¿cuál de ese menú de opciones debería tomar en cuenta?

-Mover la competencia de provincia al delito de asociaciones ilícitas y llevárselo a una esfera federal creo que es un paso bastante importante. En todos los países de América Latina nos pusieron códigos penales para sancionar errores -”maté porque estaba tomando”- pero no está diseñado para el crimen organizado. Entonces, ¿adónde nosotros encontramos los 76.600 objetivos que nuestra fuerza del orden tenía que salir a capturar? En ese sistema perverso de justicia porque todo criminal organizado entra y sale del sistema. Ya lo vivimos nosotros. De los más de 120.000 muertos, por lo menos el 40% de esos homicidios que cometían esos asesinos seriales estaban relacionados a víctimas y testigos. Porque el sistema penal diseñado para delincuentes comunes, no para criminales organizados, requiere que tú te sientes como víctima a declarar en contra de eso. Cuando es una agrupación ilícita, acá es el Estado el que tiene que probar. ¿Cómo lo voy a probar? Fácil, ahí están los últimos 20 años de récord criminal. Naturalmente hay que hacer toda la revisión, entender quién es mi enemigo, cuáles son los principales delitos que cometen e incrementar las penas. Es parte de todo este estudio que nosotros hicimos y que obviamente está a disposición para cualquier país. Creo que tiene que haber un replanteamiento de todos los estados para enfrentar al crimen organizado.

-¿Qué impresión le quedó de la Argentina?

-Es un país precioso. Sí hay un problema en la zona de Rosario; la tasa de homicidios versus la de Buenos Aires es exponencialmente elevada. Y creo que a pesar de que no es el crimen el principal problema que hoy por hoy enfrenta Argentina, es algo que se puede combatir desde una forma diferente. Acá el tema es ¿sigo haciendo lo mismo para tener los mismos resultados o hago algo diferente? Ahí está la importancia de El Salvador. Le estamos dando el ejemplo al mundo cómo es que se tiene que enfrentar al crimen organizado.

 

Fuente: La Nación

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