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Comodoro Rivadavia

Un juez de feria inició los trámites para decidir sobre la validez de todos los artículos del decreto de Milei

En el fuero contencioso administrativo rechazaron el pedido del gobierno para atraer las causas que tramitan en los juzgados laborales. La Cámara del Trabajo ratificó su decisión de frenar la reforma laboral incluida en el decreto —esta vez a partir de un pedido de la CTA.

El futuro del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, en todo su contenido, quedó ahora en manos del juez de feria del fuero contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico. La próxima semana o a lo sumo en la segunda quincena de enero, el juez estaría en condiciones de decidir si suspende la vigencia del decreto o no. No solo resolviendo sobre la medida cautelar, sino sobre el fondo de las demandas que tramitan en el fuero.

Javier Milei empieza a ver cómo se complica la misión de mantener a flote el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 con el que pretende sentar las nuevas bases de la economía argentina a través de la regulación en favor de los grandes grupos económicos. Después de la cautelar que frenó la reforma laboral incluida en el DNU, fue la justicia en lo contencioso administrativo la que le dio un nuevo golpe al desbaratar la estrategia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que pretendía concentrar todos los cuestionamientos contra el megadecreto en ese fuero porque le resulta más amigable que los tribunales laborales.

Lavié Pico abrió la feria que habían pedido Rizzo, el gobierno y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pero fundamentalmente desarmó el amparo colectivo que tramitaba en ese fuero y en el que Barra pretendía aunar todos los planteos contra el DNU.

El 22 de diciembre pasado, el juez Esteban Furnari —colega de Lavié Pico en los tribunales administrativos— aceptó tratar como un amparo colectivo la presentación que hicieron el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano, la CTA Autónoma –que lidera Hugo “Cachorro” Godoy– y ATE. En ese sentido, ordenó inscribir ese amparo dentro del registro de procesos colectivos y empezó a recibir las causas que se iban formando en otras jurisdicciones. La gran disputa ahí era con el fuero laboral, al que el propio Barra acusa de tener un “sesgo” a favor de los sindicatos y que fue el blanco de las críticas (y de la mesa judicial) de Mauricio Macri.

Lavié Pico entendió que la decisión de Furnari había sido incorrecta porque fue impreciso al decir quiénes eran los afectados por el DNU. “No se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado debido a la generalidad de la representación invocada por la asociación actora y el carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa”, escribió. En otras palabras, sostiene que no se puede decir que todos los habitantes de la Argentina alcanzados por los efectos del DNU 70/2023 se vean afectados del mismo modo.

Después de firmar ese fallo, Lavié Pico desechó el pedido de Barra de sacarle las causas al fuero laboral. A priori, es una derrota para el procurador del Tesoro que había dicho que en una semana iba a tener revocada la cautelar que había logrado la CGT. Ahora, tendrá que difuminar sus esfuerzos en todos los tribunales en los que haya planteos contra el DNU a lo largo y ancho del país.

Lavié Pico le dio cinco días al gobierno para que responda a los cuestionamientos contra el DNU.

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