El abogado que expuso los movimientos reveló que José Ignacio de Mendiguren, funcionario de Massa, utilizó “un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero”.
La noticia fue dada por el periodista de La Nación Carlos Pagni: un documento proveniente de EEUU vuelve a poner sobre la mesa el tema del dinero negro de los funcionarios argentinos.
Sergio Massa amenazó anteayer con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Sólo que, en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además de debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido.
El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para pedirle que le solicite al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y funcionarios s de la Argentina, particularmente de la provincia de Buenos Aires.
Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, “parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años”. Montaña depende del ministro Sergio Berni. Benítez, del ministro Leonardo Nardini. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”.
En plena campaña presidencial, y en un contexto donde estallan casos como el de “Chocolate” Rigau y el Escándalo Insaurralde, el modo en el que se financia la política en la provincia continúa siendo uno de los ejes de la conversación pública actual. Esto complicaría, en principio, al ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, ya que la denuncia superpone dos planos críticos para el oficialismo: el caos financiero y la corrupción en la Provincia de Buenos Aires.
La nota de La Nación da cuenta que el escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. “Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación”, dijo Pagni.
En tanto, “el abogado de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan observa una paradoja: que Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial, haya impuesto controles de capital y que, al mismo tiempo, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, haya utilizado ‘un intermediario para transferir casi un millón de dólares al extranjero’. Un futuro discovery revelará más, promete”.
Concluye Pagni que “la exposición de Hranitzky ante el tribunal neoyorkino pone en el foco a Allaria, descripta como ‘una firma de corretaje bien conectada’. Para el abogado, la propia Allaria habría realizado operaciones sospechosas, sobre todo ‘por la utilización de información privilegiada en la recompra de bonos soberanos por parte de la Anses’. Ernesto Allaria, el titular de la firma, aparece en esta descripción como alguien con un ascenso patrimonial infrecuente debido a ser ‘cercano a la familia Kirchner'”.
