La norma, que parte del empresariado intentó impugnar ante el tribunal Constitucional, introduce un tratamiento distinto a la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, y subraya los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la primera.
La nueva Ley establece una nueva forma de determinación de multas (denominada «días-multa»), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado.
Este sistema permitirá que la multa pueda ir desde media UTM (38 dólares) hasta una cantidad máxima teórica de casi 23,4 millones de dólares para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.
También la secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, destacó la importancia de la nueva ley.