A 29 años del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, mañana se volverá a alzar la voz de los familiares de las víctimas en el tradicional acto recordatorio que realiza la entidad judía, cuyas autoridades pedirán que se apruebe una “ley antiterrorista” frente al “estado escandaloso de la causa” que sigue impune.
La asociación de familiares de las víctimas Memoria Activa realizará su acto recordatorio en Plaza Lavalle, al que convocaron a través de las redes sociales: “Se acerca el 18 de julio y Memoria Activa dirá presente -una vez más- para exigir Verdad y Justicia en el caso AMIA”.
El titular de la Amia, Amos Linetzky, adelantó en una entrevista con Télam que “necesitamos una ley antiterrorista ante el estado escandaloso de la causa, donde se hace difícil pensar en los avances” de la investigación judicial sobre el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 que cobró la vida de 85 personas asesinadas y donde hubo más de 300 heridos, cuando una bomba estalló en la sede, ubicada en la calle Pasteur 633, del barrio de Once.
“Cuando la justicia es lenta e ineficiente, la impunidad se acrecienta cada día que pasa y es inadmisible vivir con ella”, aseguró Linetzky, quien agregó: “Volveremos a estar presentes frente al lugar que se intentó destruir, para manifestar públicamente que no nos han vencido, y que exigir justicia y castigo a los culpables es un imperativo ético al que no renunciaremos”.
Linetzky convocó al acto organizado por Amia el martes próximo a las 9.30, en Pasteur al 600, se realizará bajo la consigna “Justicia ausente. Digamos presente”, ocasión en la que se volverá a escuchar la tradicional sirena a la hora en la que ocurrió el hecho, las 9.53 de la mañana.
“Nuestro país necesita una ley antiterrorista -continuó el dirigente de la entidad-. No puede ser que, después de los dos atentados sufridos, no se haya cambiado en nada el marco legal para prevenir, investigar y castigar este tipo de crímenes”, lamentó.
La causa sostiene que la explosión fue ideada y preparada por quienes por entonces ejercían el poder en la República Islámica de Irán, y que fue ejecutada por la organización terrorista libanesa Hezbollah. Hay ocho pedidos de captura sobre los sospechosos que se resisten a ser indagados por los tribunales argentinos. Algunos de esos imputados, sobre los que pesan cinco alertas rojas de Interpol renovadas hasta 2027, circulan por el mundo sin ser atrapados gracias a pasaportes diplomáticos.
La Justicia argentina sostiene que los funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el ataque fueron: Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani (a la época de los hechos presidente de la República Islámica de Irán), Alí Fallahijan (por entonces Ministro de Información iraní), Alí Akbar Velayati (en aquel tiempo Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa), Mohsen Rezai (por entonces a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran”), Ahmad Vahidi (en aquella época a cargo de la fuerza de elite “Al Quds” perteneciente a la Guardia Revolucionaria), Mohsen Rabbani (al tiempo de los hechos Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país), Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran (en aquel entonces Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina), y Hadi Soleimanpour (por entonces Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires).
También figura Imad Fayez Moughnieh, quien estaba a cargo del Servicio Exterior de la agrupación terrorista libanesa y acusado de dirigir el grupo que atacó la sede de la mutual judía en Buenos Aires. Según se pudo establecer, ya falleció al igual que el ex presidente Rafsanjani y por lo tanto se ordenó sus respectivos sobreseimientos. A esa lista se sumaron ahora los sospechosos del Líbano.
