viernes, 29 marzo, 2024

Denuncian al Movimiento Evita por desviar fondos del Potenciar Trabajo

La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de “convenios” amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.

Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.

En la causa quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, pero, por decisión de la Cámara, se acumuló en el Juzgado Federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo- para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.

Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.

Los denunciados

Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.

La descripción de la maniobra, que tramita en Comodoro Py desde agosto del año pasado, es por “trasferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”.

Entre las pruebas presentadas por los dirigentes de la Coalición Cívica se analizan más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita.

Los fondos, tal como se describe, provienen del Potenciar Trabajo, un programa del ministerio de Desarrollo Social que es administrado desde la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Emilio Pérsico.

Según se desprende del expediente, los casi $4.000 millones fueron derivados a las cooperativas de trabajo y Unidades de Gestión en la que cumplen funciones los beneficiarios del Potenciar Trabajo, a través de “convenios” firmados entre el ministerio de Desarrollo Social, desde la secretaría de Pérsico; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Roig; y las cooperativas de trabajo enroladas en la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, precedida por Onorato. El control sobre el destino final del dinero, que debería ser utilizado para el desarrollo productivo o capacitaciones, recae en manos de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, es decir de Milagros Moya, otra integrante del Evita.

La maniobra

Pérsico fue designado en el puesto por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. De hecho, por la cartera social pasaron tres ministros: la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz; su antecesor, Juan Zavaleta; y el diputado Daniel Arroyo. A pesar de estos movimientos, Pérsico continúa en el cargo.

El Potenciar Trabajo fue creado en marzo de 2020 por iniciativa de Arroyo. El padrón inicial de beneficiarios era de 554.628 titulares. Tres años después son 1.271.2158, lo que significa un aumento del 129,2% desde su inicio.

El legislador porteño y miembro de la mesa directiva de la Coalición Cívica, Hernán Reyes explicó: “La clave de la maniobra que deberían investigar los jueces y fiscales está en la firma de los convenios y los subsidios a través de lar organizaciones sociales, en este caso del Movimiento Evita”

“Es un direccionamiento hacia sus cooperativas que, obviamente, ellos mismos valoran y controlan. El INAES aprueba, Moya Controla, y los fondos salen de la secretaría que maneja Pérsico”, sentenció Reyes, quien entiende que esta es “la caja fuerte a través de la cual estas ‘orgas’ hacen política y se expanden territorialmente”.

Las transferencias de convenios se realizan a través de las de Unidades de Gestión gubernamentales que están a cargo de los intendentes y la Unidades de Gestión, no gubernamentales, a cargo de los movimientos sociales.

Para cobrar el plan sociales, los beneficiarios del Potenciar Trabajo deben realizar 20 horas de labores semanales en estas Unidades de Gestión para así acceder al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por parte del Estado. Reyes opina, y así se desprende de la causa, que desde el Gobierno, a través de Desarrollo Social, se pone foco en achicar el número de titulares del Potenciar Trabajo, como las casi 100 mil bajas y suspensiones que realizó Tolosa Paz, pero no se ajusta en los montos trasferidos a las Unidades de Gestión. “El ministerio achica planes, da de baja a personas que quizás lo necesitan, pero no las partidas presupuestarias para los emprendimientos. Se achica la cantidad de beneficiarios, pero no las trasferencias a través de los convenios”.

Desde la CC entienden que, por esa razón, los movimientos sociales oficialistas no cuestionan públicamente las políticas de ajuste sobre los planes implementados desde la Casa Rosada. “Bajan gente, pero las orgas siguen recibiendo la misma plata grande, o tal vez más a través de los convenios. Es plata directa que el Movimiento Evita se otorga y controla porque está de los dos lados del mostrador” insistió Reyes.

Desde el Movimiento Evita prefirieron, al menos por ahora, no responder a las acusaciones. “Nos parece una típica denuncia que en general termina en la nada. Además, estamos a disposición de la justicia para que todo se aclare”, dijeron en off the record.

En la denuncia penal, firmada además de Reyes por otros dirigentes de la CC -Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin- se sostiene que el “modus operandi” comenzó con la “designación estratégica de los referentes del Movimiento Evita al frente de organismos públicos encargados de la asignación de recursos en el marco de programas y políticas sociales”.

Para la Coalición Cívica, ese fue “el paso inicial para lograr desvirtuar la distribución de diferentes apoyos financieros desde dichos organismos a organizaciones que integran el Movimiento Evita”.

En el escrito se detalla que “los referidos funcionarios públicos no solamente asignan con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que representan los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros. Así el círculo cierra perfectamente”, sostienen.

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