En el mercado hay expectativa por saber si se repetirá el esquema de “empresario amigo” ya aplicado a Edenor o si hay margen para un Estado protagonista.
Era una consecuencia inevitable tras el anuncio de que la italiana Enel pondrá en venta sus activos argentinos: de inmediato surgieron las especulaciones sobre qué ocurrirá con Edesur. Y, más específicamente, si hay chances de que la eléctrica sea reestatizada, como en algún momento fue el sueño del kirchnerismo, o si pasará al esquema de “empresarios amigos” como ya ocurrió con otras grandes compañías de servicios públicos.
Lo que todo el ámbito empresarial da por descartado es que entre los interesados en comprar Edesur se anoten grandes jugadores del mercado internacional: los malos números de las empresas, en un contexto de retraso tarifario y de intenso debate político sobre la regulación a futuro hace que los inversores extranjeros mantengan una prudente distancia.
Para colmo, la noticia llegada desde Milán tiene un “timing” especial para exacerbar la especulación política: justo a fin de año, cuando aumenta la expectativa de una nueva crisis de apagones, en medio del esquema de aumentos tarifarios progresivos y en la previa de una audiencia pública para determinar las tarifas que regirán en 2023.
Enel tiene un 72% de las acciones de Edesur, lo cual hace que, en primer lugar, las miradas sean puestas sobre quienes detentan el resto del paquete accionario: los socios locales de la firma holding Distrilec, propiedad de los grupos Reca, Escasany, Caputo y Bemberg. Sobresale allí la figura de Nicolás Caputo, el empresario amigo de Mauricio Macri.
Por un lado, es una práctica común que, ante la retirada del socio principal, se negocie con los restantes accionistas. Aunque, por otra parte, el hecho de que los italianos hayan encomendado a un banco de inversión la búsqueda de nuevos dueños podría inducir a pensar en otras soluciones.
Además, los accionistas de Distrilec no son los únicos nombres: también otros empresarios locales que ya han mostrado un mejor relacionamiento con el Gobierno aparecen como posibles candidatos para la compra. Ya existe el antecedente de que Cristóbal López había manifestado su interés en ingresar a la compañía durante su fase expansiva, que coincidió con el segundo período de gobierno de Cristina Kirchner.
La tentación kirchnerista
Y, aunque con menos probabilidades a primera vista, no debe descartarse que haya dentro de la coalición gubernamental quienes argumenten por una reestatización. De hecho, el kirchnerismo hizo un tanteo en julio de 2020. Un grupo de intendentes del conurbano salió, en forma coordinada, a pedir la estatización de Edesur, bajo el lema “La luz es un derecho”. La movida ocurría en medio de una pelea entre la empresa y los municipios, que se acusaban mutuamente de ser responsables de cortes en la zona sur.
En aquel momento, los intendentes se habían reunido con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para pedir “una solución definitiva” a los problemas del servicio eléctrico en el conurbano sur.
El titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, hizo entonces un pedido formal al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) para que le sea revocada la concesión a Edesur. El planteo se fundó en “los reiterados cortes de luz en diferentes municipios en los que opera y la sostenida falta de inversión de la empresa para evitar estas interrupciones constantes en el suministro eléctrico”.
Lorenzino argumentaba que Edesur “viene de tener ganancias siderales gracias a los tarifazos de los últimos años, pero ni con esa circunstancia realizó inversiones ni le da respuesta a los vecinos”.
Pero el detalle importante es que en ese momento una encuestadora vinculada al Instituto Patria salió a medir el humor de la opinión pública ante una eventual estatización. El kirchnerismo venía de sufrir la frustración por la fallida estatización de la empresa agrícola Vicentin, que había generado protestas en la población rural.
Los resultados no se dieron a conocer pero, sugestivamente, la ofensiva de los intendentes se diluyó sin que el Gobierno haya tomado el tema Edesur como prioridad política.
Los expertos en comunicación política no vacilan en afirmar que el Gobierno sería el primer perjudicado si cambiara radicalmente la situación actual. El argumento es que una empresa privada haría la función de “pararayos” del malhumor social en el caso probable de que se repitan los apagones justo en medio de una suba tarifaria.
Sin embargo, aun cuando existan motivos poderosos para mantener la electricidad en manos privadas, también es cierto que el Gobierno empieza a sentir la presión interna en la propia coalición del Frente de Todos. El reciente giro neo-estatista de Cristina Kirchner -que planteó expresamente la necesidad de una mayor injerencia estatal en actividades estratégicas, como la explotación de litio o la gestión de la hidrovía sobre el Paraná- aparece luego de que la vicepresidente vio encuestas que muestran un alto grado de adhesión hacia una avanzada en el protagonismo del Estado.
