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Río Negro: detienen a un conductor de TV por guardar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil

Un aberrante hecho sacudió a la ciudad de General Roca en Río Negro. Un periodista muy reconocido fue imputado por tenencia y distribución de material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Se trata del periodista televisivo Emiliano Gatti (51), de acuerdo a información de Clarín.

Según lo que informó hoy el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial, se realizaron allanamientos simúlatenos en las ciudades de Cipolletti y San Carlos de Bariloche por la misma causa. Además, otros 100 allanamientos fueron realizados en todo el país, informó

La carátula inicial del caso está vinculada al artículo 128 del Código Penal, tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil. Sin embargo, no se descarta que pueda cambiar en el transcurso de la investigación. Se prevé que la audiencia sea íntegramente reservada y sin público por tratarse de potenciales víctimas menores de edad.

El operativo se llevó adelante en más de 15 distritos a lo largo del país.
El operativo se llevó adelante en más de 15 distritos a lo largo del país.
Las palabras del abogado del periodista

“En minutos convirtieron a una persona honorable, en culpable por acciones que no cometió, como el caso del capitán Dreyfus en Francia”, dijo el abogado del periodista de Emiliano Gatti, de acuerdo a lo informado por Diario Río Negro.

Ni es pedófilo ni practica actos de pedofilia, ni filmó a nadie, ni compra ni vende este tipo de contenidos”, afirmó el letrado, Marcelo Hertzriken Velasco. Y agregó: “Sinceramente es desproporcionado este tipo de procedimientos. Gatti va a prestar colaboración con la investigación y va a dar su versión de los hechos”.

“Detener sin formular cargos ya es algo bastante irregular. La detención de Gatti fue ilegal e innecesaria y la Justicia tendrá que responder, se puede investigar sin disponer este tipo de medidas”, concluyó el abogado. Gatti fue finalmente excarcelado luego de estar más de 10 horas detenido. Si bien no se le formularon cargos, sí se encuentra imputado.

Allanamientos y búsqueda de presuntos culpables

A primera de este martes, se llevaron adelante allanamientos simultáneos “para colectar evidencia de utilidad para la investigación que se lleva adelante por la presunta tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil”.

La investigación y los allanamientos son producto de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través del uso de la plataforma Icaccops, que lo distribuyó a fiscalías de todo el país que presentaban alarmas.

La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General y el área de Informática Forense del Poder Judicial se encargarán de peritar todos los dispositivos secuestrados en los allanamientos. A partir de lo que surja de dichas pericias se avanzará hacia otras instancias, en el marco de esta investigación preliminar.

Parte del material secuestrado durante el megaoperativo. Foto: Ministerio Público Fiscal CABA
Parte del material secuestrado durante el megaoperativo. Foto: Ministerio Público Fiscal CABA

La operación comenzó a partir del convenio suscripto entre el MPF y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, de Estados Unidos, mediante el cual se habilitó el acceso al sistema de investigación Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes víctimas de este flagelo.

Este sistema permite ver las actividades de tráfico de material ilícito y en este caso se usó con el fin específico de identificar las direcciones IP asociadas al presunto material de abuso sexual infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al detectarse los usuarios que habrían subido grandes cantidades de archivos de explotación sexual, y teniendo las direcciones IP geolocalizadas, se solicitó a las empresas proveedoras de servicios de internet y de telefonía la información relacionada con los datos de los usuarios denunciados, la cual fue luego constatada por la División Delitos contra la Infancia, Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

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