La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), por expreso mandato de su Consejo Federal, rechazó enfáticamente los aspectos del Decreto 728/22 publicado este viernes, ya que «otorgan una reserva de mercado de la obra pública a favor de Cooperativas de Trabajo, que en la práctica son informales».
A través de este decreto, el presidente Alberto Fernández asignó a los movimientos sociales oficialistas el 30 % de toda la obra pública que no supere los $300 millones, decisión que provocó críticas del sector.
Desde CAMARCO afirmaron que “la consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.
“CAMARCO comparte la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo, pero sostiene que es un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o Cooperativas de Trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”, sostuvieron desde la entidad.
En esa línea, agregaron que “la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”.
“Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”, resaltaron.
Desde CAMARCO también enfatizaron que “esos ‘trabajadores-pseudo cooperativistas’ pierden la protección de derechos laborales, ven peligrar su seguridad física en la obra, no acceden a la capacitación en el oficio, y no tiene acceso al fondo de cese laboral, a una jubilación y cobertura de salud, entre otros beneficios de la formalidad laboral postulados por la Organización Internacional del Trabajo”.