La agrupación Inquilinos Agrupados ingresó recientemente en la Legislatura porteña el proyecto de Ley N° 2563-P-2022 que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Régimen de Alquiler Protegido (de esta manera los propietarios estarían obligados a alquilarlas).
Entre los fundamentos que se tomaron para presentar la normativa sostienen que en Buenos Aires, según el Censo de 1991, había 40.000 viviendas vacías. Ya en el 2010 eran 341.000. Esta cifra ubica a la ciudad primera en el ranking de cantidad de viviendas libres por habitante. Pero actualmente ese número se agravó porque según sostienen los autores del proyecto existen unas 500.000 unidades en alquiler (aunque miles de dueños desde que rige la Ley de Alquileres N° 27.551 sacaron sus inmuebles del mercado de alquileres para ponerlos en venta u otros destinos).
El Instituto de Vivienda de Buenos Aires (IVC) registró 185.235 viviendas ociosas, entre las que no incluye aquellas ofrecidas en alquiler, que estaban en construcción o sujetas a un uso temporal no residencial. Por su parte, el Consejo Económico y Social indica que existen en el territorio porteño más de 288.000 viviendas ociosas, que representan un 20,2%del parque habitacional.
En materia de viviendas destinadas a alquiler turístico, mientras que por Ley 6255/19 es obligatorio registrarlas, sólo lo han hecho 300. Solo en la plataforma Airbnb hay 16.000 viviendas publicadas. De los avisos para alquiler publicados en el portal Zonaprop, el 60% se ofrece en dólares.
Desde Inquilinos Agrupados esgrimen que la magnífica multiplicación de renta basada en el precio de pozo, la dolarización, la valorización del metro cuadrado y la devaluación del peso, “afianzan un negocio de múltiples beneficios, cada vez más exclusivo y a la vez excluyente”.
Hay un hilo conductor en el fomento de la construcción indiscriminada, la especulación y la renuncia a la atribución estatal de regular el mercado inmobiliario que, en este contexto, tolera que existan miles de inmuebles desocupados mientras miles vecinos no tienen donde vivir, sostienen. Según argumentan, las familias porteñas deben pagar más del 60%de sus ingresos para rentar una vivienda.
Para llevar adelante el proyecto de Ley N° 2563-P-2022 justifican desde Inquilinos Agrupados que no hay dudas de que el mercado inmobiliario construye viviendas para dejar vacías, con consecuencias sociales y habitacionales gravísimas.
“Aumento del valor del suelo, condiciones cada vez más restrictivas para conseguir vivienda, y alquileres que significan más de la mitad de nuestros ingresos”, dicen. Además sostienen, “toda ciudad moderna regula la vivienda vacía y es hora de que aquí también suceda”.