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Comodoro Rivadavia

Ordenan abrir con reconocimiento facial el celular de un empresario acusado de explotación sexual

El Juzgado Federal N°1 hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para que se tome la huella dactilar o reconocimiento facial de un hombre procesado por promover y facilitar la prostitución de siete jóvenes.

El país no cuenta con los programas para desbloquear el teléfono de alta gama de Eduardo Made. Por eso decidieron esta medida para acceder a su contenido ya que el acusado se comunicaba con las presuntas víctimas por whatsapp y redes sociales.

En abril pasado, una mujer denunció que su hija de 15 mantenía relaciones sexuales con un hombre que conocía como “Sugar” a cambio de dinero. El caso comenzó a ser investigado por el fiscal Agustín Chit. Descubrió que el sospechoso habría utilizado a esta adolescente de 15 años para captar a otras amigas con la única finalidad de que hicieran lo mismo. Los encuentros se habían producido en el hotel Sheraton.

En mayo, personal de Gendarmería Nacional detuvo a Eduardo Made (67 años) e incautó su IPhone 13. Pese a todos los intentos, los peritos no pudieron vulnerar el sistema de seguridad para poder analizarlo. Ante esta situación, el fiscal Agustín Chit obligó que el acusado aportara la clave de acceso o, en su defecto, sea obligado a hacerlo. Para el investigador esta es una prueba clave, ya que allí podrían encontrarse indicios que agravaría la situación procesal del imputado. En sus archivos no sólo estarían los mensajes que intercambió con las víctimas, sino también imágenes íntimas que les tomó adolescentes. No descartan que podrían toparse con contactos de otros hombres que también habrían mantenido relaciones sexuales con las menores. Si es así, Made podría ser acusado de trata de personas y no de promoción y facilitación de la prostitución agravada, cargo que actualmente afronta.

El juez interviniente aceptó el planteo de Chit y ordenó que Made sea citado a realizar la medida en el lugar que los peritos de Gendarmería Nacional así lo dispongan. En esa oportunidad, al acusado se le pedirá que entregue voluntariamente la clave. Si no lo hacen, según la resolución judicial, se le tomarán los datos biométricos por la fuerza para poder desbloqueara el celular. El procedimiento, que hasta el momento no tiene fecha de realización, deberá ser observado por todas las partes, especialmente los defensores.

Según informó el sitio Fiscales, en su dictamen, Chit fundamentó su pedido en que, al momento de ser detenido, el sujeto tenía en su poder un teléfono celular marca Iphone 13, que fue oportunamente remitido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para su análisis forense. Explicó que, si bien esta fuerza cuenta con el equipo de extracción de datos más moderno en el país, el dispositivo a analizar no pudo ser desbloqueado por contar con patrón de bloqueo. Indicó además que los peritajes de los teléfonos de las características del analizado se realizan en laboratorios forenses de Brasil o Israel, que tendrían las licencias para avanzar con la apertura del equipo, y que se encontraba pendiente de respuesta una consulta realizada a la fuerza federal de Estados Unidos, Homeland Security Investigation (HSI), para determinar si tiene capacidad de análisis de ese tipo de dispositivo.

Para Chit existen elementos objetivos que permiten presumir que el material que se obtendrá del teléfóno “implicará un aporte significativo para el cúmulo de prueba que este MPF pretende producir”. Al respecto, destacó el testimonio de las víctimas, quienes narraron cómo se comunicaban habitualmente con el imputado a través del servicio de mensajería Whatsapp, lo cual está corroborado por las capturas de pantalla obtenidas del material aportado por las víctimas, de donde surge el intercambio de mensajes aludido. Incluso se verificó que una de las damnificadas se tomó una fotografía en el baño del hotel Sheraton con el teléfono del imputado.

El fiscal analizó en su dictamen si la petición voluntaria del acceso a la información del dispositivo o, en su defecto, la obtención compulsiva de datos pueden implicar una afectación a las garantías procesales, a la intimidad de la persona investigada, o si implica un acto de autoincriminación. Al respecto, destacó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrollaron directrices para analizar si una medida de injerencia corporal resulta violatoria de principios convencionales y constitucionales. El fiscal sostuvo que la injerencia en la integridad corporal del afectado guarda una razonable proporción con la gravedad del hecho investigado.

Para el fiscal, la medida de prueba aparece “como una diligencia razonable en función de los objetivos del proceso, incluso ante la posibilidad de llevarse a cabo de manera coercitiva”, ya que “la práctica permitirá arribar a la verdad objetiva de los hechos investigados en esta causa, de delitos sumamente graves”. Por ello, Chit enfatizó que colocar un dedo en el dispositivo o tomar la imagen facial a través del teléfono celular “no equivale bajo ningún aspecto a acceder a comunicaciones del encartado [cuestión ya ordenada judicialmente en el proceso], sino la utilización pasiva de su cuerpo, en el marco de una investigación penal en la que se le atribuye la explotación sexual de adolescentes”.

La decisión del juzgado

El Juzgado Federal N°1 hizo lugar al planteo de la fiscalía al entender que los contactos que el imputado realizó con sus presuntas víctimas previos a los encuentros personales se realizaron mayormente de manera telefónica “a partir del intercambio de llamadas y/o mensajes en WhatsApp o la red social de Instagram, lo cual, surgen de los diversos elementos acompañados por las denunciantes, a partir de capturas de pantalla, tanto de mensajes de texto y voz, como de fotografías que se habrían intercambiado las menores de edad con su victimario”.

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