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Comodoro Rivadavia

Piden indagar a cinco abogados por facilitar una cesión de tierras a mapuches

Tres letrados del Ministerio de Defensa, una abogada de la Procuración del Tesoro y uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), podrían ser indagados por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de que este último los considerara responsables de la presentación de una apelación fuera de término contra una sentencia judicial que reconocía el reclamo de una comunidad mapuche por un conjunto de tierras de Bariloche que, hasta entonces, eran propiedad del Ejército argentino.

Se trata de un predio que el Estado perdería por la “conducta desaprensiva” -según el fiscal- de los abogados, la cual habría permitido la reivindicación de 180 hectáreas otorgadas a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue, ubicadas en terreno de la Escuela Militar de Montaña la localidad rionegrina.

La apelación a la sentencia había sido presentada por la abogada Silvia Cristina Vázquez, pero una vez que el plazo de 48 horas se encontraba vencido, quedando firme la orden judicial que instaba al Ministerio de la Defensa a transferir, en el término de 60 días, el título de propiedad a la comunidad en cuestión. Vázquez era, hasta entonces, delegada de la Procuración del Tesoro en Bariloche, y la demora en la apelación, que motivó un allanamiento en el Ministerio de Defensa y en el Estado Mayor General del Ejército, fue entendida como intencional por parte de los diputados nacionales Alberto Asseff, Gerardo Milman, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi Laura Elena Rodríguerz Machado, Fernando Iglesias y Ricardo López Murphy, entre otros, quienes radicaron una denuncia por presunta «violación de los deberes de funcionario público y prevaricato».

Para Stornelli, no se trató de una «simple negligencia profesional”, sino que el fiscal considera que existen elementos para sospechar que las demoras de los abogados fueron parte de un “concierto delictivo”, advirtiendo su preocupación y sorpresa por la “tamaña despreocupación o desaprensión en la tutela de bienes jurídicos de semejante envergadura”.

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