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“Ñoquis Calientes”: Torres Otarola defendió la designación de sus asesores

En la audiencia preliminar al juicio por la causa “Ñoquis Calientes” iniciada este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson, seis imputados fueron sobreseídos a pedido del fiscal Omar Rodriguez y además se escuchó durante dos horas y media a Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y Ministra de Familia de la provincia.

También ejercieron ese derecho otros dos imputados, Marcelo Neira y Carlos Cundari.
El fiscal general Omar Rodriguez ahora evaluará los dichos de los tres imputados, especialmente de Torres Otarola, considerada por la jueza Ivana González como “la principal imputada, ya que de ella se desprenden las demás imputaciones”.
La causa tiene a la exministra y diputada provincial Torres Otarola como imputada, junto a otras ocho personas allegadas a ella de manera directa o indirecta. Se cree que todos tuvieron que ver con los ilícitos investigados.
Como conclusión de esta audiencia preliminar que aún no ha concluido, la jueza de garantías González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para los imputados sean sometidos a juicio oral. El caso que fue considerado “complejo” y es en la etapa de la audiencia preliminar, “el filtro para considerar las pruebas, las imputaciones y el listado de imputados”.

Seis sobreseimientos

La causa está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron procesados oportunamente Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.
En el inicio de la audiencia preliminar fueron sobreseídos Pamela Matamala, Facundo Jofré, Alberto Gilardino y su madre Patricia Claudia Antonio. Rodríguez fundamento esta decisión, la jueza González dio el visto bueno y les permitió abandonar la audiencia, junto a sus abogados defensores.
Acompaña a Omar Rodríguez, la funcionaria de fiscalía Analía Acuña. Ambos integran la Unidad Fiscal Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Los dichos de Torres Otarola

Torres Otarola destacó la confianza y fidelidad de su equipo de trabajo en alusión al resto de los imputados “a los cuales volvería a elegir”, negando los hechos ilegales que se le endilgan. También se refirió a aspectos vinculados con su patrimonio, los gastos personales que significa su militancia en política, su profesión de terapista ocupacional que desempeñaba en la salud pública, en la localidad de Trevelin, la legalidad de la designación de sus asesores, y el rol de la totalidad del resto de los diputados que oportunamente dieron el visto bueno.
Al referirse al origen de la denuncia en su contra, no dudó en contar cuestiones relacionadas con su vida íntima y privada, a la vez que cuestionó a la fiscalía “por realizar una acusación solo basada en lo moral, cuando solo debió tener en cuenta si se está o no dentro o fuera de la Ley”. Destacó que todas las designaciones que realizó tenían la firma del Gobernador y fueron avaladas por las respectivas asesorías legales.

Declaraciones de Neira y Cundari

También declaró Marcelo Neira, que leyendo un escrito negó los hechos que se le endilgan, en la búsqueda de “salvaguardar mi buen nombre y honor”, destacando las pruebas a su favor que reunió en este tiempo, acercadas a la investigación a través de su abogado defensor.
Lo mismo hizo Carlos Cundari que manifestó a “no haber perjudicado económicamente al Estado Provincial”, en consonancia con las pruebas aportadas por Neira, además de referirse a las funciones en servicio para el Chubut desde la Casa de la provincia en Buenos Aires. Dijo que “rechazo en todos sus términos la acusación, al punto tal que el Estado provincial no se presentó como querellante”, indicó.

Las pruebas

El fiscal Rodríguez anticipó que se viene un arduo debate respecto de las pruebas a ser tenidas en cuenta “ya que dos de los imputados (Neira y Cundari) pretenden aportar pruebas por fuera de los plazos legalmente estipulados”. La audiencia continuará el próximo día viernes a las 9 de la mañana.
Se estima que, por las maniobras presuntamente ilegales investigadas, ingresaron a la cuenta de Cecilia Torres Otarola algo más de un millón y medio de pesos. Fue entre los años 2016 y 2020.

El Estado, la víctima

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial.
La imputación de Cecilia Torres Otarola, se encuadra en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos.
En tanto, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras, Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito, pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

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