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Río Gallegos: la oposición denuncia al intendente Grasso por el sorteo del viaje al Mundial

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso fue denunciado por la oposición local por haber impulsado un sorteo para viajar a Qatar, para ver los tres primeros partidos que dispute la Selección argentina en el próximo Mundial.

A cambio, los participantes debían sacarse fotos con funcionarios o referentes locales. En la presentación judicial aseguran que el jefe comunal “utiliza este tipo de maniobras para hacer campaña política”.

El sorteo fue impulsado por el propio Grasso con un video en el que aparecen los nombres e imágenes de las personas que los interesados deberán buscar en las calles de la ciudad a partir del próximo 1° de agosto para fotografiarse con ellos y así poder inscribirse en el sorteo.

El jefe comunal defendió la propuesta al asegurar que el paquete “se pagó en pesos” antes de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, expusiera públicamente que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. Dijo además que no sabe con exactitud cuánto salió el premio y justificó  “el 20% lo pagó el Municipio y el restante fue cubierto por empresas privadas”.

La denuncia contra el intendente de Río Gallegos fue presentado por el diputado provincial Daniel Roquel junto al presidente del comité local de la UCR Marcelo Saa y a Javier Stoessel, ex vocal del Tribunal de Cuentas y presidente de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos; y lo acusan al jefe comunal de malversación de fondos públicos, peculado e incumplimiento a ley de Ética Pública.

Según se desprende de la presentación judicial, el concurso no persigue “la realización de la actividad comprendida dentro de las competencias del municipio ni la consecución o realización de un interés o bien público local, ni tampoco dar publicidad a actos de gobierno”.

Según mencionan desde la UCR, el municipio carece, no solo de la partida presupuestaria para realizar sorteos públicos, sino incluso de competencia para hacerlo según la ley provincial 3.304, por tanto, se sostiene en el documento que se evidencia “un desvió del más elemental principio republicano de gobierno el que los fondos públicos no deben ser destinados para campañas y posicionamientos personales, y que obrar de tal modo constituye un desvió de su fin natural”.

Ante la consulta, el diputado Roquel sostuvo que “el delito que creemos que se comete es la utilización de recursos públicos para promocionar a diversas empresas” y cuestionó que el intendente “no dice cuánto es lo que pagó la municipalidad, cuáles son las empresas (que participan) si estas empresas son beneficiadas con reducción de impuestos municipales, por lo tanto, uno puede interpretar -los empresarios también están para que los que quieran participar se saquen una foto con ellos- que son empresas de personas que fueron candidatos por el Frente de Todos y posiblemente lo vuelvan a ser”.

 

 

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