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En la Argentina, hasta las medidas cautelares se pueden “alquilar”

La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció este lunes ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo una maniobra de importación por parte de una empresa sin el requisito de validación de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que luego “cedió” la autorización a otra firma.

Ante la obligatoriedad de seguir un procedimiento de declaración jurada para importaciones sobre bienes con licencias no automáticas, una empresa acude a la justicia y reclama por derechos vulnerados. Un juzgado -sin analizar el fondo de la cuestión- considera arbitraria e irrazonable la resolución oficial y le otorga una medida cautelar provisoria que libera las mercaderías para poder importar sin cumplir con el trámite. Esa manda judicial también obliga al Banco Central a girarle dólares para el pago a valor oficial.
La firma, increíblemente, consigue que la justicia le prorrogue la validez de la cautelar en tres oportunidades, y en cada secuencia amplía la cantidad de operaciones por las que reclama protección. Y por ende, dólares. Otra firma (que también importa bienes) no tiene medida cautelar pero precisa “liberar” una “SIMI”, como se denomina la autorización ante la AFIP para acceder al Sistema integral de monitoreo de importaciones. ¿Cómo se las ingenia para ingresar sus productos? Sencillo, utiliza la SIMI de la primera empresa amparada por una cautelar perfectamente autorizada por un juez, en una maniobra que pasa totalmente inadvertida al fisco, al BCRA y al Gobierno. La “alquila”. El ardid descripto ocurrió en la realidad y no fue el único lo que lo transforma en la metáfora perfecta para describir un “Estado bobo”. En Argentina, hasta hay contrabando de cautelares.
Si bien en la Aduana no saben aún cuántas empresas podrían ser parte de este esquema de “alquileres de cautelares”, prometen revisar toda la lista. “Es un trabajo artesanal”, reconocen y destacan que el universo potencial es grande: en los últimos dos años se importó por medio de cautelares por unos USD 1.800 millones.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.

Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.

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