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Comodoro Rivadavia

Perú: la justicia ordenó liberar a Alberto Fujimori

La decisión violaría la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos que prohíbe los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.

En un fallo que es un atentado a la legalidad, y a la justicia y la memoria, este jueves el Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado la liberación del ex dictador Alberto Fujimori, de 83 años, quien desde 2007 se encuentra en una prisión VIP, donde viene cumpliendo una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El TC ha dejado sin efecto un fallo judicial que en octubre de 2018 había anulado por ilegal el indulto que en diciembre de 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado a Fujimori alegando falsas razones humanitarias, anulación que llevó al exdictador de regreso a la cárcel. Con la restitución de ese indulto, cuya legalidad fue cuestionada no solo por la justicia local sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori saldrá en libertad. Al momento del envío de este despacho se avanzaban los trámites para su liberación, lo que su abogado señaló se estaría dando entre el lunes y martes. Simpatizantes fujimoristas fueron hasta el cuartel policial de Lima donde su líder ha venido cumpliendo su condena. En las calles del centro de Lima miles se comenzaban a movilizar en rechazo a la restitución de un indulto que consagra la impunidad y es visto como un grave retroceso en los derechos humanos y una afrenta a las víctimas de la dictadura fujimorista.

Desempate
En el TC hubo un empate de tres votos a favor y tres en contra de restituir el indulto a Fujimori anulado judicialmente y fue el doble voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, que rompió la igualdad a favor de Fujimori. Ferrero fue nombrado miembro del TC en 2017 por el Congreso con los votos fujimoristas que entonces tenían mayoría absoluta en el Legislativo. El abogado de Fujimori, César Nakasaki, justificó esta decisión dramatizando sobre el estado de salud de su cliente. El mismo argumento usado desde hace años cada vez que el fujimorismo ha buscado la liberación de su líder.

El presidente Pedro Castillo calificó el fallo del TC como “reflejo de la crisis institucional” en el país, y señaló que “los órganos de la justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”. La vicepresidenta Dina Boluarte expresó su solidaridad con las víctimas de la dictadura fujimorista. El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, calificó la decisión del TC como “una sentencia que atenta contra los derechos fundamentales de las víctimas de delitos atroces”, mientras la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, señaló que se trataba de “una liberación ilegal e inaceptable”.

Apelación
Organismos de derechos humanos han anunciado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la decisión del TC que repone un indulto anulado en su momento por ser considerado ilegal. Señalan que esta decisión viola la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos que prohíbe los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori. La Corte Interamericana ya se pronunció en 2018 sobre la ilegalidad del indulto que Kuczynski le otorgó a Fujimori y en ese momento le ordenó al Estado peruano revisar esa decisión. Luego de esa revisión, un juez supremo anuló el indulto por considerarlo ilegal al haber estado rodeado de una serie de irregularidades y ser falsos los argumentos dados para justificar un perdón humanitario. Se espera que ahora la Corte Interamericana ratifique su decisión anterior contraria al indulto a Fujimori.

Kuczynski le otorgó el indulto al exdictador amparado en la noche de Navidad de 2017, disfrazándolo como un perdón humanitario por razones de salud, pero inmediatamente quedó al descubierto que el indulto había sido parte de un infame pacto bajo la mesa para canjear votos fujimoristas en el Congreso por impunidad para su líder. El indulto gatilló una grave crisis política y masivas protestas, y tres meses después cayó el gobierno de Kuczynski.

Condenadopor dos masacres
El exdictador fue condenado en abril de 2009 a 25 años por el asesinato en noviembre de 1991 de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, acribilladas a balazos durante una fiesta para recaudar fondos en una humilde vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima, y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en las afueras de la capital peruana, en julio de 1992. El gobierno acusó sin ninguna evidencia a las víctimas de las dos matanzas de estar relacionados con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, lo que ha sido judicialmente descartado. Ambos crímenes, considerados emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos, pero no los únicos ocurridos durante la dictadura, fueron cometidos por el llamado Grupo Colina, un destacamento del ejército que actuaba como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes y protección del gobierno de Fujimori. El exdictador también fue sentenciado por el secuestro de un periodista y un empresario, y por varios cargos de corrupción.

La negra historia de Fujimori comenzó cuando pasó de ser un desconocido a ganar sorpresivamente la elección presidencial de 1990. En 1992 dio un autogolpe, cerró el Congreso y tomó todo el poder en sus manos para gobernar con apoyo de los militares. Impuso un régimen autocrático, una política neoliberal, cambió la Constitución y se hizo reelegir dos veces. Nombró como su asesor principal a un oscuro excapitán del ejército vinculado al narcotráfico, Vladimiro Montesinos, convertido en jefe de facto de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, que se encargaba de los trabajos sucios del gobierno, desde pagar sobornos para ganar respaldo hasta ordenar asesinatos. Con el apoyo de Fujimori, Montesinos, ahora en prisión, creó y dirigió el escuadrón de la muerte Colina. Cuando su dictadura se derrumbaba en medio de denuncias de fraude para reelegirse, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, Fujimori huyó en noviembre de 2000 a Japón, el país de sus padres, donde encontró protección. Sorpresivamente en noviembre de 2005 viajó a Chile, donde fue detenido y extraditado al Perú en setiembre de 2007 para ser juzgado.

Esterilizaciones forzadas
Desde entonces ha estado recluido, con un paréntesis de libertad entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 mientras estuvo en vigencia el perdón que le dio Kuczynski, en la misma prisión VIP de la que ahora será liberado al haberse restituido ese cuestionado indulto. Contra Fujimori, ahora indultado, hay un proceso judicial en marcha por las esterilizaciones forzadas contra más de 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas.

Mientras las víctimas sobrevivientes de los crímenes del régimen fujimorista y los familiares de los desaparecidos y asesinados, organismos de derecho humanos y los sectores democráticos se indignan y protestan por la restitución de un indulto ilegal para liberar al exdictador, el fujimorismo y la ultraderecha celebran.

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