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Jueces y fiscales rechazan una reforma a las jubilaciones de privilegio

La FAM, que reúne a más de 16 mil magistrados en todo el país, se opuso a la idea del Gobierno de analizar su régimen previsional.

Una persona jubilada del Poder Judicial gana, en promedio, trece veces lo que percibe una persona que tiene la jubilación mínima. El dato –que podría mostrar la distancia entre quienes transitan los tribunales y la gente de a pie– no conmovió demasiado a sus señorías quienes, a través de la Asociación de Magistrados, salieron a denunciar la posibilidad de que sean revisados los regímenes jubilatorios especiales –como los que tienen quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior– como un “embate más a la independencia judicial”. La discusión, de larga data, se actualizó después de que el presidente Alberto Fernández dijera que se analizan cambios en esas jubilaciones de privilegio como parte del acuerdo que deberá sellarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

La reacción de la Asociación de Magistrados –que nuclea a jueces y fiscales– se suscitó horas después de que Fernández negara que su administración evaluara cambios en la jubilaciones docentes y, por el contrario, sostuvo que sí podrían revisarse los regímenes especiales de los que gozan quienes integran el Poder Judicial o el Servicio Exterior.

A través de un comunicado titulado “Avances sobre la independencia judicial. El régimen especial de jubilaciones no es el problema, avasallar la justicia no es la solución”, la FAM manifestó su “rechazo a un nuevo intento de modificar una ley que –vale remarcarlo– ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos años”.

La referencia es a la reforma por la cuál se subió de 12 a 18 por ciento el aporto de los jueces y se elevó de manera escalonada la edad para jubilarse, entre otros cambios que llevaron a que varios magistrados y fiscales se jubilen.

“El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes, calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aporte- por lo que su incidencia en las cuentas públicas es insignificante”, sostuvo la entidad que nuclea a 16.700 jueces y funcionarios en un comunicado firmado por su presidenta, Marcela Ruiz, y por el secretario general, Cristian Fabio.

“Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable. El régimen es especial como consecuencia de las incompatibilidades de magistradas/os y funcionarias/os con cualquier otra actividad económica”, agregaron.

La FAM es la segunda entidad judicial que se pronuncia en contra. El lunes lo había hecho la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN). “El régimen de jubilación del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos en nada incide sobre el endémico problema económico que azota a la República Argentina desde hace décadas; ello obedece, entre otros múltiples factores, a la falta de programas económicos responsables”, dijo la AMFJN.

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