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Comodoro Rivadavia

Pirámides: Removieron a «presidenta de facto» del Concejo Deliberante

Luego de que la Asesoría Letrada de Puerto Pirámides evaluara la remoción del presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Guerrero, realizada días atrás por votación de concejales del Justicialismo y una edil de la UCR, finalmente la concejala Ana Fernández, quien había asumido en su lugar, fue llamada a “revertir la ilegalidad” de la medida y finalmente removida de su cargo por Resolución. También, la situación fue calificada como un «golpe institucional».

La comisión legal que analizó lo sucedido en el Palacio Legislativo comunicó a Fernández, a la cual consideró “presidenta de facto” que “se encontraría ante la posible comisión del delito de abuso de autoridad y de usurpación de cargo, así como el resto de los concejales frente al incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos, por lo que, en caso de no revertir la ilegalidad denunciada, se efectuarán las denuncias penales correspondientes”.

Asimismo, se recordó a la edil que en la Sesión convocada el pasado 1° de noviembre, “de manera manifiestamente ilegal, los concejales Fernández, Zmud, Fontao y Rossitto dispusieron remover al concejal Rodrigo Guerrero de la función de Presidente del Concejo Deliberante, cargo que ejerce desde diciembre del año 2019”, lo que “claramente representa un golpe institucional prepertrado por estos concejales”.

En el mismo tenor, se advirtió que “la situación planteada, al destituir a las autoridades legítimamente constituidas en el cuerpo legislativo sin cumplir con los requisitos legales mínimos, esto es, una sesión especial convocada al efecto y por la decisión de una mayoría calificada, no puede ser tolerada en un sistema democrático y republicano, y trasciende a la persona del Concejal Guerrero al dañar a las instituciones y lesionar la voluntad popular expresada con el voto de nuestros vecinos”, por lo que se instó a los integrantes de la Casa de las Leyes a convocar a una Sesión Especial “en los términos del artículo 20° del Reglamento del Concejo, aprobado por Ordenanza 304/07 CDPP”, frente a “la necesidad de asegurar la vigencia del orden jurídico alterado por el acto lesivo denunciado, para preservar la continuidad del órgano de gobierno de nuestro Concejo, con el fin de evitar el escándalo que significaría la judicialización del conflicto de poder ante el Superior Tribunal de Justicia”.

Finalmente, Fernández fue removida del cargo.

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