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Comodoro Rivadavia

Un año después aún no hay consenso para liberar las patentes de las vacunas contra el coronavirus

La iniciativa para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus fue presentada hace exactamente un año en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde está frenada por decisión de un pequeño grupo de países industrializados pese a que desde entonces 3,7 millones de personas murieron por la pandemia y se agranda la brecha en el acceso a los tratamientos.

El 2 de octubre de 2020, antes de la aprobación y uso masivo de cualquier vacuna, Sudáfrica e India elevaron una propuesta para una exención de los derechos de la propiedad intelectual, anticipando que pocos laboratorios iban a intentar acaparar la demanda de inmunizantes.

En ese entonces los fallecidos a nivel global por la Covid-19 eran poco más de 1,1 millones, casi un cuarto de la cifra total actual que está cerca de los 4,8 millones y que se encamina a superar la marca de 5 millones en aproximadamente un mes si no varían las tasas de letalidad.

Ante la emergencia sanitaria en aumento, cada vez más países dieron su apoyo explícito o se sumaron como co-patrocinadores de la iniciativa de suspensión de patentes hasta alcanzar hoy a cerca de 110, incluyendo a Argentina.

Perolas decisiones en la OMC se toman por el consenso de sus 164 miembros, por lo que alcanza la negativa que todavía sostienen principalmente la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, para bloquear cualquier progreso.

La falta de avances concretos no implicó necesariamente que todo siguiera como hace un año: uno de los momentos de quiebre de las negociaciones ocurrió en mayo cuando Estados Unidos, principal defensor de la propiedad intelectual en el mundo, dio un giro a su postura y apoyó la exención.

Esta decisión del Gobierno de Joe Biden, que había asumido la Casa Blanca cuatro meses antes y luego que su predecesor Donald Trump rechazara la gravedad del coronavirus como también cualquier tipo de multilateralismo, motivó a que otros países como Nueva Zelanda, Ucrania y hasta la otra superpotencia, China, brinden también su respaldo a la propuesta.

Pero no movió ni un centímetro a los detractores bajo el argumento–el mismo que repiten los grandes laboratorios- de que la innovación, los conocimientos técnicos, la tecnología y el personal calificado son los que amplían la producción de vacunas y no los derechos de propiedad intelectual.

Esto llevó al estado actual de las negociaciones en la que hay dos propuestas sobre la mesa. La presentada por Sudáfrica e India fue modificada en su contenido original para precisar, entre otras cosas, que el levantamiento de patentes será por “al menos tres años” y que incluye a todos los tratamientos e insumos utilizados para luchar contra la Covid-19, no solamente a las vacunas en su estado final de producción.

La otra es impulsada por la UE y fue elevada el 4 de junio pasado. Se basa en un acuerdo multilateral que incluya “precios asequibles” de los inoculantes a los países que más lo necesiten y facilitar “el uso de licencias obligatorias”, lo que permitiría que más laboratorios desarrollen fármacos genéricos a cambio del pago de un canon a aquellos que poseen las patentes.

Pese a la promesa de mayor solidaridad por parte de los países ricos, catalogada como una diplomacia de las vacunas, y la preocupación por la expansión de variantes más contagiosas como la Delta, la brecha en el acceso a los fármacos se acrecentó: los más avanzados en sus campañas de inmunización ya administran una tercera dosis mientras la mitad de las 54 naciones africanas inocularon con esquema completo al 2% o menos de su población.

 

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