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Legisladores ecuatorianos rechazan reforma laboral en concordancia con sindicatos y movimientos sociales

El Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, devolvió un proyecto de ley del Gobierno del presidente Guillermo Lasso llamado “Ley de Creación de Oportunidades”, uno de los ejes de su acción, que impulsa un reforma impositiva y laboral y desata el rechazo de sindicatos y movimientos sociales.

El Consejo de Administración Legislativa, primer filtro para la aceptación o no de las iniciativas del Gobierno, “resolvió no calificar el proyecto de #LeyCreandoOportunidades y solicita al Ejecutivo subsanar las observaciones identificadas”, señaló la Asamblea Nacional en un mensaje de Twitter.

El documento fue devuelto debido a inconsistencias con la Constitución, que establece que los proyectos deberán referirse a una sola materia, según la agencia de noticias AFP.

El proyecto de ley, de 140 páginas y 334 artículos, fue presentado el pasado 24 de septiembre con carácter económico urgente, y según el Gobierno incluía reformas en el campo laboral y tributario y puntos que buscaban la atracción de inversiones.

Si bien se desconocen detalles del proyecto, el mandatario aseguró que incluía “relaciones laborales modernas, adecuadas al mundo actual”, y constituía “una alternativa, que se complementa con los derechos de los trabajadores”.

El jefe de Estado dejó en claro que los trabajadores no perdían sus derechos adquiridos y que acogerse al nuevo régimen laboral será “voluntario”, aunque advirtió que “no tiene sentido que quienes dicen defender el trabajo se opongan a la generación de empleo”.

Sin embargo el proyecto tuvo resistencias entre los sindicatos, que sostienen que las reformas propuestas se encaminaban a precarizar el empleo al contemplar nuevas modalidades como el teletrabajo y contratos alternativos a plazo fijo por hasta 4 años con indemnizaciones por despidos por debajo de lo actualmente fijado.

Según el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, el proyecto cumplía “una vieja aspiración de la derecha de seguir cercenando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

La secretaría de Comunicación indicó a su vez que el Ejecutivo “evaluará la decisión” parlamentaria y que “tomará las mejores alternativas”. “Al negar la ley, se imposibilita la creación de oportunidades para millones de ecuatorianos que hoy necesitan empleo”, acotó.

La iniciativa, que la prensa ecuatoriana denomina la “megaley”, incluía el establecimiento de una contribución especial por dos años para quienes tienen un patrimonio de más de 500.000 dólares y por única vez para las empresas con un patrimonio de más de 1 millón de dólares y que en 2020 hayan generado más utilidades que en 2019.

 

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