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Comodoro Rivadavia

El Gobierno Nacional dispuso pagar US$ 200 millones a Bolivia para garantizar el suministro de gas

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el Gobierno Nacional dispuso otorgar avales del Tesoro Nacional para la adquisición de gas natural desde Bolivia, por un monto máximo de US$ 200 millones. Además, volvió a bautizar como “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic” a las represas que se prevén construir sobre el río Santa Cruz, en esa provincia patagónica.

Según el texto oficial, se facultó al órgano responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público a favor de la empresa Integración Energética Argentina (IESA) que es controlada por el Estado.

La compra de fluido a Bolivia se realiza en el marco del Contrato de Compraventa de Gas Natural suscripto con el país vecino el 19 de octubre de 2006.

Ese Contrato fue firmado por la entonces Enarsa (actualmente IESA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y establece que la compañía argentina está obligada a otorgar y mantener vigente una Carta de Crédito Stand-By a favor de la compañía boliviana, que garantice el pago de los volúmenes de gas inyectados por ésta.

Ahora, el Poder Ejecutivo aclaró que para garantizar “el normal abastecimiento de gas natural” en la Argentina durante el invierno, se hace necesario importar gas desde Bolivia. Por otra parte, a través del mismo DNU, el Gobierno dejó sin efecto el cambio de denominación de las obras públicas del proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santa Cruz que fuera dispuesto en 2017. Así, esas represas retomarán sus denominaciones de “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.

En otro orden, la Casa Rosada asignó a IESA las acciones emitidas en favor del Estado Nacional en las sociedades generadoras General San Martín y General Belgrano. Sobre esta cuestión, recordó que mediante el Decreto N° 882/17 se dispuso, entre otras medidas, una restructuración y reorganización de las empresas con participación estatal mayoritaria vinculadas al sector energético. El objetivo de esa medida era -según la administración de Alberto Fernández- “limitar al mínimo posible la participación del Estado Nacional en sectores estratégicos de la cadena productiva de la energía”.

“De esta manera, y bajo tal premisa, se ordenó la transferencia de los emprendimientos y activos energéticos esenciales en los que el Estado Nacional tiene participación a empresas del sector privado”, subrayó. En esa línea, destacó que “esta Administración, contrariamente a las definiciones y fundamentos expresados en el mencionado decreto, considera esencial la activa participación del Estado Nacional, a través de sus empresas, en uno de los sectores más estratégicos para el desarrollo del país como es el energético”.

 

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