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Lesiones oculares, el común denominador en las represiones a protestas en Chile y Colombia

La crisis social que sacude a Colombia originó una larga serie de denuncias de organismos nacionales e internacionales de represión indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado que ha dejado alrededor de 60 muertos y mil personas con diversas heridas, incluidas varias decenas con lesiones oculares producto de proyectiles o gases lacrimógenos.

Esta última característica coincide con lo ocurrido en 2019 en Chile, cuando un estallido social originado en un aumento del precio del subte terminó con una serie de reclamos, entre ellos la reforma constitucional que en breve comenzará en ese país, y un balance oficial de 35 muertes.

De aquella represión policial quedaron alrededor de 400 chilenas y chilenos con lesiones oculares, en algunos casos con ceguera definitiva.

Rodrigo Salinas Corona, creador de la fundación Los Ojos de Chile, profesor y activista social, destacó la similitud de aquellos sucesos en su país con lo que ocurre actualmente en Colombia, donde desde hace más de un mes un numeroso colectivo de organizaciones sociales y sindicales viene realizando protestas y bloqueos de rutas en reclamo de una serie de mejoras.

“En Chile vivimos una represión increíblemente similar a la que se vive en Colombia. Tan increíble que los procesos parecen marcados, como si estuvieran siguiendo el mismo instructivo: traumas oculares, desapariciones, golpizas, muertos, represión absoluta”, evaluó el activista en diálogo con el diario El Espectador.

“Nosotros en Chile pensamos que nuestra policía debería refundarse, porque tenemos una institución que no solo tiene cero credibilidad en la gran mayoría de la población, sino que además se ha visto involucrada en temas de corrupción que han sido probados por la ley en casos de violación a los derechos humanos. La policía debe ser reformulada, reinstitucionalizada y la idea sería refundarla”, redondeó.

Explicó que desde la Fundación “nos propusimos pedir dinero para poder solventar algunos gastos extra que tenía las víctimas, que solamente se podían atender en un solo hospital en Santiago de Chile y no tenían ningún otro medio de ser atendidos por otro hospital público, pues estamos hablando de personas de clase media y baja, trabajadores, obreros, que fueron mutilados solamente por el hecho de protestar”.

 

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