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Comodoro Rivadavia

El lunes se sabrá el veredicto en la causa de las coimas en la obra pública de Chubut

La causa “Revelación” demandó más de dos años de investigación y un mes de debate en juicio oral y público.

De esta manera la Fiscalía culminó con la investigación de una compleja causa de corrupción en la provincia del Chubut. Ahora se aguarda el veredicto de los miembros del tribunal integrado por los jueces Mariano Nicosia, Ivana González y Alejandro Rosales. Según los plazos procesales, la condición de culpabilidad o inocencia de cada uno de los ocho imputados, deberá conocerse antes del próximo lunes.
A criterio del Ministerio Público Fiscal, las pruebas resultaron “sobreabundantes” para que los imputados resulten hallados responsables. Se trata de los ex funcionarios Pablo Oca, Diego Correa, Alejandro Pagani, Martin Bortagaray, Víctor Cisterna, Diego Luters, Gonzalo Carpintero y el empresario Martin Castillo.
Esta asociación ilícita empezó a funcionar a partir del tercer gobierno de Mario Das Neves, desde diciembre del año 2015. Tuvo como objetivo principal el pago de retornos por parte de empresarios de la construcción. Estos retornos derivaban de la obra pública. Varios de esos empresarios durante el proceso, fueron beneficiados con el instituto de suspensión de juicio a prueba. Para los investigadores estos empresarios fueron víctimas de la coacción por parte de los funcionarios y solo buscaban acceder al cobro de las obras ejecutadas.

Para los fiscales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez, la asociación ilícita tuvo también sus ramificaciones en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La finalidad, fue apropiarse del Canal 9 de esa ciudad. Consideran que se pudo verificar que se iba pagando con montos de un millón de pesos por mes y otro millón derivado de los pagos de los retornos de los empresarios de la construcción.
Esta maniobra fue realizada en principio por Jorge Ninin, que fue condenado en este caso. También se mencionó a Federico Piccione, que se ocupaba de llevar ese dinero y volcarlo en la deuda del concurso que atravesaba la firma Protel Patagónica, propietaria de ese canal televisivo.
Fueron consideradas claves las pruebas incautadas en la casa de la calle marconi 340 de Trelew de propiedad de los padres de Diego Luters, además de las pericias del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General del Chubut.
Asimismo, las pericias informáticas realizadas por personal de esa dependencia a cargo de Guillermo Figueredo, marcaron un punto importante en materia probatoria. Así se fue determinando cómo funcionaba esa asociación ilícita organizada por Diego Correa y el sistema de liberación del pago que realizaba Pablo Oca.
Se exhibieron en el juicio oral numerosos mensajes de empresarios de la construcción, en general consultando por si se liberaba o no una orden de pago.
También en el debate fueron fundamentales los testimonios del personal de la Administración Pública. Por ejemplo, resultaron reveladores los dichos de los choferes de la Unidad Gobernador que dirigía Correa al manifestar que el imputado Luters les encomendaba ir al Banco del Chubut a cobrar los cheques de los retornos depositados.
Los mismos empresarios manifestaron que los aportes eran 3 y 5% del total del costo de la obra pública ejecutada. Para los fiscales todos los empresarios fueron coincidentes en estos aportes, que se realizaron entre los años 2016 y 2017 y que fueron exigidos primero por Cisterna y luego por Correa. A juicio de los fiscales “no quedó ninguna duda de que estas personas integraban una asociación ilícita que tenían como finalidad por un lado la de enriquecerse, afectando el patrimonio del Estado Provincial y el patrimonio particular de empresarios de la construcción que no tenían nada que ver con esta red que estaba enquistada dentro de la administración pública provincial del Chubut”.

En ese mismo sentido, aseguró que no le “importa” el resultado de las elecciones de este año, sino que “no se muera más gente por la pandemia” de coronavirus y cuestionó las “barrabasadas” que dicen dirigentes de la oposición en ese sentido.

“Si tengo que perder una elección por esto la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, se preguntó el Presidente en diálogo con Radio con Vos, y agregó: “Hay que ser muy miserables para decir eso”.

Sobre cómo gestionó el Gobierno la pandemia, afirmó: “Menos mal que hice la cuarentena porque me dejaron un país sin hospitales, una gobernadora se jactaba de no construir hospitales, teníamos una Argentina con vacunas vencidas, con el sarampión de nuevo. Salvamos decenas de miles de vidas por la cuarentena”. Además, no descartó tomar medidas de mayor restricción en caso de que no bajen los contagios. “Si la cosa se pone peor y la gente no reacciona, tendré que hacer un pedido muy claro a los gobernadores”, advirtió el Presidente.

Y al referirse a las nuevas restricciones, Alberto Fernández expresó: “Vivimos en un país federal, yo no dispongo del control de todo el país. Necesito de los gobernadores para hacer cumplir las medidas. Hay una conducta social muy difícil de resolver. Es difícil disponer restricciones mayores porque, básicamente, la gente no las cumple”.

“Cuando veo las colas de personas para hisoparse me da una luz de esperanza de que la gente entiende la gravedad del tema y entiende la gravedad. Pero si veo que la cosa se pone peor y la gente no reacciona, tendré que hacer un pedido muy claro a los gobernadores y que se ocupen de hacer lo que no hagan”, añadió.

Asimismo, dijo: “La actividad económica está funcionando a pleno, no hemos detectado ningún foco de contagio en fábricas, en ningún lugar del país. No creo que haga falta hoy (volver a dar asistencia económica). Si hiciera falta en algún momento, voy a ayudar a salir a los argentinos de esto. La mejor forma de ayudar es que la economía crezca, y viene sucediendo eso”.

Sobre las medidas, también se refirió a la situación de los endeudados con créditos UVA, las tarifas, y descartó el regreso del IFE, la ayuda de $10.000 que pagó el Gobierno durante el primer año de pandemia.

 

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