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Comodoro Rivadavia

Piden que Arcioni vete la ley que modifica las reglas de enjuiciamiento a magistrados

La Legislatura de Chubut sancionó una ley que modificó las reglas de enjuiciamiento de magistrados en todo el territorio provincial. Esto fue cuestionado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, que en un comunicado expresó preocupación y enorme impacto por dicha norma.

Según se argumentó en el texto, la legislación vigente contraría “el principio de independencia judicial, que se nutre directamente de la garantía de inamovilidad en los cargos de la magistratura, pilar sobre el cual se asienta la garantía de los derechos ciudadanos”.

Principales críticas

En este contexto, se le solicitó al gobernador Mariano Arcioni que avance con un veto contra la ley sancionada por la Legislatura Provincial, fundamentando que “introduce cambios esenciales a la anterior regulación, al reasignar la función acusadora ante el Tribunal del Jury, modificar los plazos procesales, habilitar la variación del objeto procesal durante el juicio e introducir límites a la recurribilidad de la sentencia”.
Al respecto, también se consideró que “una ley que regula el proceso de remoción de magistrados/as debe ser especialmente clara y precisa, evitando toda posibilidad de interpretaciones que alteren su sentido y alcance. Su elaboración, por otra parte, debe surgir de un amplio consenso que implique el compromiso conjunto de una construcción basada en los valores que fundan el sistema republicano y democrático de gobierno”.

Qué dice la ley

Vale aclarar que la ley discutida por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut fue impulsada por los diputados Manuel Pagliaroni y María Andrea Aguilera, de Juntos por el Cambio, y por Juan Pais, de Chubut al Frente.
La norma catalogó como improcedente que en el contexto constitucional actual la Procuración General cuente, en la legislación vigente, con la potestad de acusar en las causas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Tribunal de Enjuiciamiento, en el caso de los magistrados y funcionarios judiciales.
Cuando se fundamentó la iniciativa, los legisladores recordaron que en la reforma constitucional de 1994 se sumó un nuevo órgano a los procesos de juicio político, que fue el Consejo de la Magistratura, órgano que también se dispuso en cada una de las provincias.
Al respecto, indicaron que “este organismo, al que a la par que se le dio atribuciones para intervenir en el proceso de selección y designación de jueces, fiscales y defensores, se le confirieron también potestades para recibir las denuncias por las causales de remoción de todos estos magistrados y funcionarios” cuando incurren en mal desempeño, desconocimiento inexcusable del derecho, inhabilidad psíquica o física y comisión de delitos dolosos.

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