El férreo control de precios impuesto por el gobierno y su prolongación hasta el 31 de agosto generó fuerte malestar en empresas, puntualmente del sector alimenticio.
A ello se sumó la resolución de la secretaría de Comercio Interior que intima a esas empresas a producir al máximo de su capacidad instalada y a “arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión”.
Cerca de 2600 productos hoy están bajo control del gobierno bajo los esquemas de Precios Cuidados y Precios Máximos. Quienes en realidad supervisan el cumplimiento de los topes a precios son los supermercados que cuando observan incrementos de algún proveedor, lo informan a la secretaría de Comercio Interior a cargo de Paula Español.
En realidad, los precios en la Argentina están en una suerte de “mamushka”, dado que Precios Cuidados están dentro de Precios Máximos y estos últimos dentro de Precios Claros.
La publicidad de decenas de miles de productos se da bajo el esquema de Precios Claros los que también quedan congelados. De nuevo, los supervisores del cumplimiento del “freezer de precios” no son burócratas del gobierno sino los distribuidores mayoristas, los que deben informar cualquier variación o aumento a Español.
La única esperanza en empresarios alimenticios tras la resolución de Paula Español es una ventanilla de diálogo habilitada en la norma. Se permite la actualización de precios en conversaciones con funcionarios de la secretaria de Comercio Interior.
Pero muchas esperanzas no deberían abrigar en el sector privado. Los funcionarios no habilitarán en plena pandemia incrementos lo que está en línea también con los congelamientos de tarifas dispuestos hasta fin de año.
Y seguramente tras la pandemia, a juzgar por los antecedentes de los funcionarios, tampoco se mostrarán muy proclives o generosos con los porcentajes a otorgar.