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Comodoro Rivadavia

La Corte Suprema del Reino Unido declaró ilegal la suspensión del Parlamento

La Corte Suprema del Reino Unido dio este martes un duro golpe al primer ministro Boris Johnson al dictaminar como “ilegal, nula y sin efecto” su decisión de suspender las labores parlamentarias durante cinco semanas hasta pocos días antes del Brexit.

Tras pedir que el parlamento vuelva a ser convocado “cuanto antes”, la presidenta de la Corte señaló que la decisión de suspenderlo “fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”.

El fallo es un importante golpe para Johnson, que con el apoyo de la reina Isabel II había suspendido las sesiones de las dos cámaras legislativas durante cinco semanas.

El controvertido Johnson, que se encuentra en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, recibe así un nuevo golpe, tras los duros reveses recibidos en las últimas semanas.

Antes de la suspensión parlamentaria, sufrió una rebelión entre los diputados conservadores, perdió la mayoría absoluta, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir un nuevo aplazamiento del Brexit y denegada su propuesta de elecciones anticipadas para salir del bloqueo.

Importante precedente judicial

Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas durante cinco semanas, entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, o sea, hasta solo dos semanas antes del Brexit.

Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse sólo unos diez días.

Pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de tomar esa medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre.

La tradicional ceremonia de suspensión fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban “¡Vergüenza, vergüenza!”.

La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.

Según los especialistas, el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente.

Su abogado, David Pannick, alegó que la duración de la suspensión demostraba que el objetivo de Johnson era “silenciar al parlamento”.

El ejecutivo defendió por su parte que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era “fundamentalmente de naturaleza política” y pertenecía “al terreno del juicio político, no las normas legales”.

La jueza Brenda Hale dejó claro al comenzar las audiencias que los jueces analizarían únicamente la legalidad de la suspensión parlamentaria y su decisión no tendría ningún efecto en el calendario del Brexit. “No nos interesa saber cuándo, cómo ni en qué condiciones abandonará el Reino Unido la Unión Europea”, afirmó.

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